Violencia de género: juez alertó sobre el aumento en las denuncias

Desde abril de este año el Juzgado de Niñez y Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco, comúnmente llamado Juzgado de Menores, tiene como nuevo titular a Andrés Peretti, quien reemplazó a María Esther Martínez.

En una charla con Mano a Mano, el programa que conduce Gabriel Pecile en El Periódico TV, Peretti explicó cómo es el trabajo que realizan día a día y alertó sobre el aumento en las denuncias sobre violencia de género, que cuantificó en unas 10 por día en promedio. Por otra parte, consideró que bajar la imputabilidad de los menores de edad no traerá beneficios a la sociedad y que no disminuirá la cantidad de menores involucrados en delitos, sino lo contrario. 

Por otra parte, rechazó la idea de que los menores "entran por una puerta y salen por la otra". "Es normal que se diga eso, pero la realidad es que no es así. Se investigan y no es que la cosa termina ahí", aseguró. 

Puertas afuera de Tribunales, ¿con qué realidad se encuentra en la niñez y adolescencia?

Estamos trabajando permanentemente con sectores muy vulnerables y muy vulnerados. Nuestro Juzgado tiene dividido tres funciones bien diferenciadas como es la parte de niñez, lo que es la parte de violencia familiar y violencia de género; y la cuestión penal juvenil. En la cuestión de niñez estamos abocados básicamente a dos cuestiones bien centrales como lo son los controles de legalidad, es decir las medidas que toman los organismo administrativos relación a los niños, jóvenes y adolescentes. En segundo lugar lo que es la violencia familiar y violencia de género, es decir cualquier tipo de violencia que se genere en el marco de una familia. La violencia de género en la gran mayoría de los casos se ha desempeñado en ámbitos de familia. Por último la parte penal juvenil en la cual nuestra tarea es investigar y juzgar a aquellos niños y jóvenes que sean menores de 18 años.

En el caso de la niñez hubo un cambio de mirada a partir de la nueva ley. ¿Cómo se aplica eso en conjunto con la Senaf y Uder en San Francisco?

Sí, ha cambiado muchísimo. Con la ley vigente anteriormente este tipo de problemática estaba vinculada exclusivamente con un juzgado, era la justicia quien tomaba la decisión de sacar un determinado niño, joven o adolescente de su ámbito familiar para protegerlo en situación de vulnerabilidad. Esa función fue pasada al Estado a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Senaf, y en San Francisco se ejerce a través de la Uder, ellos son los que toman las medidas de protección. Y nuestro trabajo como Juzgado es controlar que esas medidas sean dictadas conforme a derecho.

¿En qué casos es necesario tomar una medida de protección para un niño y sacarlo del núcleo familiar?

Está relacionado básicamente con una falta de contención familiar, de sus familiares directos, y situaciones de riesgo. Abandono, algún progenitor o los dos con problemas con el alcohol, adicciones de drogas, y violencia también. En ese caso las medidas que toman es protegerlo de esta situación que es peligrosa, y nuestro trabajo justamente es controlarlo, ver si existen argumentos razonables para sacar el niño de su grupo familiar y colocarlo en otra familia.

En cuanto a la violencia familiar y violencia de género. ¿Cómo han sido estos meses de trabajo?

Es un trabajo muy intenso, muy demandante en el día a día, porque hemos tenido un incremento bastante importante en cuanto a la cantidad de denuncias diarias. Al ingresar manejábamos un promedio de 5 o 6 por día y ahora estamos en casi diez. Lo cual es un número bastante alto, porque además de tener que dictar medidas de protección en relación a las víctimas, a su vez tenemos que tomar las audiencias relativas a ese proceso, lo cual da una dinámica de trabajo que es bastante intensa.

¿Tienen la estructura necesaria en el Juzgado para abordar una problemática tan grande?

Si no la tenemos la tenemos que rebuscar de todas maneras, porque son gente que tiene que estar protegida, porque están golpeados, abandonados y necesitan una protección inmediata. Tengo un equipo que trabaja muy bien y está al día con todas estas cuestiones porque no existe un plan b para esto. Son situaciones en las cuales ha pasado un fuego y hay que apagarlo, ver cómo se soluciona problema en el momento. No podemos dejar que el fuego siga creciendo.

En la cuestión de menores vinculados a delitos e infringiendo la ley, ¿cómo actúa el Juzgado?

Todo depende de si los niños o jóvenes cometen los delitos solos o con mayores. En la primera cuestión tenemos una función subsidiaria que es cuando existe lo que se llama el delito de coparticipación entre mayores y menores, en ese caso la investigación la lleva a cabo la Fiscalía y el juicio lo va a hacer la Cámara del Crimen, nosotros la única intervención que tenemos es posterior a esos dos pasos y está vinculado exclusivamente con la aplicación de una pena una vez que se declara responsable. En ese momento nosotros consideramos la posibilidad de aplicar una pena, o sea es posterior a todo el proceso penal. Distinto es la situación cuando intervienen solamente menores, en estos casos nosotros hacemos la investigación y el juicio, aplicando la pena correspondiente. 

Está instalado que los menores entran por una puerta y salen por la otra, la famosa puerta giratoria que dicen de la Justicia. ¿Cómo es la imputabilidad a partir de los 16 años hasta los 18? ¿qué penas les corresponden y cómo cumplen esas condenas?

La edad de imputabilidad es de 16 años a 18, después en adelante por supuesto van a ser imputables según la ley común. Es normal que se diga eso, pero la realidad es que no es así. Nuestro trabajo está orientado a la declaración de la responsabilidad o no del menor de edad en la intervención de un hecho delictivo y eventualmente la posibilidad de imponer una pena. Sin embargo, el régimen penal tiene ciertas particularidades a la hora de aplicar una pena privativa de la libertad. Eso de que no pasa nunca nada, que entran por una puerta y salen por la otra, la realidad es que no es así. Nosotros estamos investigando permanentemente a jóvenes en esa situación, probables autores de delitos. Se investigan y no es que la cosa termina ahí. El proceso penal tiene las mismas garantías que en una persona mayor de edad, con algunas garantías extras porque son menores, están en un proceso de formación. Una vez que se hace el juicio y se declara penalmente responsable a un menor de 18 años, ingresamos a la posibilidad de aplicar una pena. Sin embargo la ley para aplicar una pena privativa de la libertad nos exige dos requisitos fundamentales. Lo primero es que tenga ya 18 años cumplidos. Y la segunda situación es que previo a eso tiene que haber estado un año en lo que se llama tratamiento socio comportamental, es decir que va a estar en prueba durante un año. Ese tratamiento lo puede cumplir en estado de libertad o no, en el Complejo Esperanza están en condiciones de hacer el tratamiento. No es técnicamente una cárcel, pero tiene condiciones que les impiden a los jóvenes salir por su propia voluntad. 

En distintos momentos en los últimos años entró en debate la idea de bajar la edad de la imputabilidad de los menores. ¿Cómo lo ve?

Es una discusión bastante cíclica, así como tenemos permanentes intentos de reforma del Código Penal. Particularmente desde mi función considero que no es algo que vaya a beneficiar ni que va a bajar la cantidad delitos que se cometen por menores, todo lo contrario. Somos mucho más conscientes de esta integración que existe entre lo que la parte niñez, de violencia familiar y la parte penal juvenil en cuanto a la función que cumple el Estado. El trabajo está ahí, no es bajar la imputabilidad. El trabajo estatal de tratar de apoyar a estas personas que han llegado a esa situación muchas veces por situaciones que no son imputables a ellos, sinceramente. Son personas que no tuvieron la educación correspondiente, que no han tenido progenitores que les hayan dado la contención que necesitan, no han tenido las mismas oportunidades que pueden llegar a tener otros. Si nos ponemos a ver también es una falla también del Estado en brindar eso, entonces lo que logramos bajando la imputabilidad es lo contrario, estamos delegando al Estado para someterlo a un proceso penal, con todo lo que significa: revictimización, lo que implica en sí la puerta de ingreso el delito. En realidad las cárceles no dejan de ser una escuela de delincuentes. Estamos metiendo un joven preso, ¿y qué reinserción vamos a lograr? Desde mi opinión no vamos a lograr ningún tipo de beneficio a nivel social bajando la imputabilidad en los menores.